El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Solís, alertó que la dictadura Ortega-Murillo pretende no liberar “bajo ninguna circunstancia” a 100 de los más de 500 presos políticos que aún permanecen en las cárceles del país. El otrora brazo derecho del orteguismo en el Poder Judicial reveló que hay una voluntad de mantener presos a 100 personas a quienes les achacan delitos comunes.

“He conocido de opiniones de funcionarios de los Poderes Ejecutivos, Legislativos, y del propio Poder Judicial que señalan que hay una lista de alrededor de 100 presos políticos que para ellos son presos comunes y que bajo ninguna circunstancia van a dejar libres, argumentando que se trata de delitos comunes, lo cual confirma la tesis que lo que quiere el Gobierno es ganar mas tiempo para evitar mas sanciones”, expresó Solís en un artículo recientemente difundido.

El exmagistrado planteó que “puesto que el Dialogo Nacional continuaría de una manera indefinida y ellos (el Gobierno) siempre van a argumentar en el futuro que no salieron todos los presos políticos por falta de cumplimiento y de voluntad política de la Alianza Cívica para no continuar la discusión de los otros puntos pendientes de agenda en el dialogo nacional tratando de engañar a la Comunidad Internacional”.

Por esa razón, Solís advierte que si la Alianza Cívica reanuda el diálogo con la dictadura sin la liberación de los presos políticos se “suicida políticamente”. De modo que el exmagistrado recomendó que “se debiera presionar para que se dé la liberación total de todos los presos políticos”.

“La Alianza (Cívica) no debe regresar al dialogo nacional hasta tanto no se de la libertad total de todos los presos políticos, al margen que se den intercambios informales sobre las figuras legales que se están usando o se van a usar”, aseguró Solís. “Sobre las listas y los números donde hay muchas discrepancias, sobre el hecho que una vez liberados no puedan ser capturados, sobre el retorno de la CIDH pues es poco lo que ha hecho la Cruz Roja Internacional”, agregó.

El exmagistrado también consideró que la fecha de liberación no debiera exceder del 5 de mayo, cuando se cumplirían 45 días de los 90 ofrecidos originalmente por la dictadura.

Actualmente, el Gobierno retrasa la liberación de los presos políticos. La Cruz Roja Internacional ya está lista para proceder a la liberación de las primeras 230 personas, cuyos nombres fueron consensuados en una lista por ambas partes. También hay una segunda lista conciliada de 53 personas, a quienes el régimen no reconoce como presos políticos, y, en cambio, les atribuye delitos comunes. La Alianza Cívica contabiliza en total 779 reos de conciencia, de los cuales 200 han sido excarcelados, cambiando el régimen penitenciario a casa por cárcel o convivencia familiar.

“Creo que la Alianza Cívica se debe parar duro y firme y no regresar al Dialogo Nacional hasta que todos los presos políticos estén libres, pues de lo contrario seria permitir que un grupo de ellos se pudra en la cárcel en las condiciones inhumanas que se encuentra”, insistió Solís.

El exmagistrado comentó también que no sólo se trata que el régimen cumpla el primer punto acordado en el INCAE relativo a la liberación de los presos políticos sino que también debe cumplir la restitución de los derechos, garantías y libertades ciudadanas, establecidas en la Constitución Política.

“Ese tema, sobre el cual se firmó un acuerdo entre ambas partes el pasado viernes 29 de marzo y el sábado 30 a las 2 de la tarde, el Gobierno lo estaba incumpliendo al reprimir la marcha que ni siquiera llegó a iniciarse en la rotonda de la Centroamérica ese mismo día”, señaló Solís.