Este miércoles dos ciudadanos de Perú se declararon culpables de los delitos de conspiración para cometer fraude postal y fraude electrónico “por operar un gran esquema de fraude y extorsión”, anunció el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Se trata de Johnny Enso Hidalgo Marchan, de 40 años, y Rodolfo Hermoza, de 44, quienes supervisaban centros de llamadas en Perú, que utilizaban suplantando al gobierno, con mentiras y amenazas “para robar dinero de miles de víctimas de habla hispana en Estados Unidos”.

La entidad estadounidense informó que los dos hombres fueron extraditados desde Perú en diciembre de 2019.

‘Modus operandi’

En sus declaraciones de culpabilidad, Hidalgo y Hermoza admitieron que se hicieron pasar falsamente como abogados afiliados a tribunales y agencias gubernamentales de Estados Unidos.

Lo que hacían era amenazar a las víctimas con detención, confiscación de bienes, ramificaciones de crédito, deportación y requisitos de servicio comunitario para obtener pagos de ellas, dijo el Departamento de Justicia.

Por las actividades delictivas, obtuvieron de los consumidores estadounidenses más de $ 1 millón por el esquema de fraude que montaron.

“La Subdivisión de Protección al Consumidor del Departamento de Justicia perseguirá y procesará a los delincuentes transnacionales que defrauden a los consumidores estadounidenses, estén donde estén”, dijo la fiscal general adjunta Jody Hunt, de la División Civil del Departamento de Justicia.

Hidalgo y Hermoza tenían sus centros de llamadas en las ciudades de Lima y Cajamarca, Perú, que manejaron en asociación con otra entidad en Miami, Florida.

Para engañar a las víctimas usaban llamadas telefónicas basadas en Internet para mentir y amenazar a personas de habla hispana en Estados Unidos.

Las personas que llamaban a menudo acusaban falsamente a las víctimas de no haber aceptado la entrega de ciertos productos y alegaron que las víctimas debían miles de dólares en multas y que se iniciarían procedimientos judiciales en su contra. En realidad, las víctimas, muchas de las cuales eran ancianos, nunca habían pedido ni recibido los productos.

Los demandados y otros empleados del centro de atención telefónica afirmaron que los consumidores podrían resolver las supuestas deudas y evitar las consecuencias (deportación o incautación) si pagaban de inmediato una “tarifa de liquidación”.

“Las personas que defraudan a los consumidores estadounidenses serán llevados ante la justicia, sin importar dónde se encuentren”, dijo el fiscal federal Fajardo Orshan, del Distrito Sur de Florida.

Por su parte Antonio J. Gómez, inspector postal de la División de Miami, aseveró: “El Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos no permitirá que las empresas criminales en el extranjero se enriquezcan ilegalmente utilizando el correo para defraudar a los consumidores en Estados Unidos”.