El fiscal general de Cuentas, Guido Rodríguez, solicitó al contralor general de la República, Federico Humbert, realizar una auditoría a diputados del Parlamento Centroamericano (Parlacen), quienes han incurrido supuestamente en dualidad de pagos con fondos públicos, lo que pudo generar una lesión patrimonial.

De acuerdo con la información publicada por un medio de circulación nacional, el pasado 24 de mayo de 2018, los funcionarios Carlos González, de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati); Priscilla Weeden, de Presidencia de la República; José Ramos, del Ministerio de Gobierno; Abelardo Muñoz, del Ministerio de Desarrollo Social; y Cirilo Salas Lemos, de la Asamblea Nacional, son además diputados del Parlacen, por lo que habrían podido incurrir en doble cobro de emolumentos.

El artículo 280 numeral 13 de la Carta Magna, en donde tiene respaldo legal la petición del fiscal Rodríguez, sostiene que la Contraloría General de la República debe presentar al Tribunal de Cuentas, para su juzgamiento, las cuentas de los agentes y servidores públicos de manejo, cuando surjan reparos por supuestas irregularidades; así como en el numeral 3 del artículo 26 de la Ley 67 de 2008, modificada por la Ley 81 de 22 de octubre de 2013.

La Contraloría General de la República emitió en el 2015 una orden suspendiendo el pago de salarios a los diputados principales y suplentes del Parlacen, debido a que infringen los artículos 156 y 303 de la Constitución Política que hacen referencia a la doble remuneración con dineros del Estado. Todo tras consulta realizada a la Procuraduría de la Administración.