Pese a que más de 60 manifestantes fueron beneficiados este miércoles con la medida judicial de casa por cárcel, los juicios para ellos siguen vigentes, explicaron abogados y representantes de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).

Las figuras bajo las cuales estas personas pasaron al arresto domiciliar son distintas, explicaron abogados consultados por El Nuevo Diario.

A unos les dieron régimen de convivencia familiar y a otros simplemente les cambiaron la medida cautelar de prisión preventiva por arresto domiciliar, refirieron algunos de los abogados que han defendido a los manifestantes procesados por diversos delitos.

“Lo único cierto es que los juicios para ellos siguen vigentes porque los procesos penales sólo concluyen con sentencia dictada por un juez”, explicó el abogado Boanerges Fornos, quien representa a 13 manifestantes opositores de los cuales seis fueron excarcelados este miércoles del penal.

Por su parte, la abogada Aura Alarcón, quien también ha defendido a manifestantes opositores, señaló que aunque el régimen de convivencia familiar lo pueden otorgar las autoridades del Sistema Penitenciario Nacional (SPN), para aplicar esta figura legal la sentencia debe estar firme, que no es el caso.

La convivencia familiar está establecida en la Ley 745, que regula el control de legalidad de la sanción penal.

Julio Montenegro, abogado defensor de la CPDH  y quien defiende a más  de 75 de los protestantes presos, dijo que las medidas cautelares impuestas a las personas que este miércoles quedaron en libertad condicionada, no son válidas, puesto que lo adecuado era dar libertad absoluta.

Montenegro dijo a El Nuevo Diario que “las medidas cautelares no corresponden a estos casos y que lo que debe decretarse es una nulidad absoluta, eliminar los procesos y dejar como consecuencia de ello, en libertad a las personas”.

Hizo referencia a que a algunos liberados nunca se les hizo un proceso judicial y que por eso no es legal que se les otorgue casa por cárcel.

“A don Alex (Vanegas) no le dieron una carta de libertad”, expresó Montenegro y se preguntó cómo se puede dejar a alguien en libertad o entregarlo sin ningún documento.

“Tampoco procede que a las personas que estaban detenidas sin haber iniciado causa, se le aplique algún tipo de media cautelar”,  refirió Montenegro.

Calificó como informal la entrega de los manifestantes presos porque siendo estos casos parte de un problema nacional, debió la Policía Nacional entregarlos a una institución como la Iglesia Católica o  a los miembros de la Alianza Cívica.

Montenegro aseguró que solo se maneja la lista de un poco más de 60 reos, pero se estima  que saldrían de los sistemas penitenciarios nacionales más de 100 personas, de las cuales se desconoce aún cuales fueron las medidas cautelares impuestas para cada uno de ellos.