En los últimos días se ha estado registrando una serie de movimientos que me llevan a pensar que la clase política está forzando una alineación de planetas dirigida a lograr un acuerdo que incluya una especie de borrón y cuenta nueva. La idea, faltando menos de un año para las elecciones, es lograr un acuerdo en el que, pasado el 1 de julio de 2019, se aplique la vieja técnica del ‘yo no te toco y tú no me tocas’ que imperó en este país por muchos períodos de Gobierno.

Observen detenidamente cómo se han venido registrando las cosas desde el rechazo por la Asamblea Nacional de las dos magistradas designadas por el presidente de la República hasta la fecha y se darán cuenta de que algo están tramando.

El 22 de febrero, el pleno de la Asamblea decide desmantelar la Comisión de Credenciales, controlada en ese momento por la bancada Panameñista.

El 27 de febrero salen las auditorías de las juntas comunales, quedando 70 de los 71 diputados del período 2009 – 2014 salpicados.

Las auditorías fueron entregadas al Ministerio Público para que diera inicio a las respectivas investigaciones consientes de que donde aparezca el nombre de un diputado, el caso debe ser remitido inmediatamente a la Corte Suprema de Justicia. Ya han pasado tres meses desde que esa información fue a parar a la Procuraduría y todavía estamos a la espera de que el Juzgado Quinto de Circuito Penal, a cargo del juez Enrique Paniza, autorice la reapertura de este caso para continuar con dicha investigación.

El 9 de marzo, el presidente de la República, Juan Carlos Varela, advirtió que haría valer la ‘autoridad’ de su cargo a un ‘grupito de diputados’ quem según él, quiere llevar al país a un enfrentamiento.

El 13 de marzo se instala la nueva Comisión de Credenciales con mayoría PRD – CD y el Panameñismo decide no participar de la misma.

El lunes 2 de abril, la Contraloría inicia una auditoría de la planilla 080 de la Asamblea Nacional. En esta planilla cada diputado maneja 30 mil dólares mensuales para nombramiento de personal de confianza. Anteriormente cada uno de ellos manejaba 4 mil dólares y este Gobierno decidió de la noche a la mañana aumentar ese monto a 30 mil, quién sabe a cambio de qué.

El jueves 26 de abril la Presidenta de la Asamblea decide hacer pública la planilla 080, en la que aparecen más de 3 mil personas con funciones de promotores comunales y deportivos con salarios que van desde 200 hasta 2500 dólares al mes.

El 5 de mayo, el presidente Varela anunció al país que había ordenado al ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, reunirse con representantes de importantes fuerzas políticas, económicas y sociales, para iniciar un período de consultas con el objetivo de explorar la posibilidad de una Asamblea Constituyente, la cual podría ser escogida en los próximos comicios electorales.

El 16 de mayo, la Contraloría General de la República ordena realizar una auditoría forense a la planilla 080.

Mientras los panameños observábamos esta supuesta batalla campal entre el Ejecutivo y el Legislativo, en algunas oficinas y restaurantes se registraban reuniones buscando fórmulas de entendimiento que pudieran resolver este conflicto.

Lo que muchos quizás no han logrado captar es que todo esto es parte de una estrategia del Ejecutivo, destinada a arrodillar a la Asamblea para obligar a los diputados, que bastantes explicaciones le deben a este país por todo el despilfarro que han hecho de nuestro dinero, a negociar. Al Ejecutivo le conviene negociar en estas condiciones, ya que la mayoría de los diputados ha sido salpicada. ¿Por qué no se activa la Corte en todo esto? ¿Será que están esperando el resultado de este gran ‘show’?

Estoy convencido de que en el fondo lo que se está negociando es dejar todo tal y como está, mantener los millones en concepto de contratos con cierto maquillaje, no procesar a nadie y a cambio el Ejecutivo tendrá cierto control en la próxima directiva de la Asamblea y en algunas comisiones. Además se ha estado hablando de echarle tierra a los procesos donde pudiera aparecer el nombre de un diputados y finalmente que ninguno de los miembros del Ejecutivo sea procesado después del 1 de julio del 2019.

Siempre he favorecido el diálogo como el único mecanismo para la solución de los conflictos, pero un diálogo por el país y no de borrón y cuenta nueva que lo que busque sea un ‘yo no te toco y tú no me tocas’, con lo que estoy seguro nadie estará de acuerdo.

PERIODISTA