Los testigos internacionales del diálogo nacional entre la Alianza Cívica y el Gobierno de Daniel Ortega facilitaron un acuerdo entre las partes para ejecutar la liberación anticipada de los presos políticos, y aunque se preveía un arreglo, horas más tarde Ortega desautorizó a sus negociadores, provocando un nuevo fracaso.

El nuncio Waldemar Sommertag  y el representante de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Ángel Rosadilla, presentaron un calendario y mecanismo para la liberación de los presos políticos, y el restablecimiento de libertades públicas. Las partes negociaron todo el día hasta llegar a un acuerdo y estaban a punto de suscribir un comunicado, pero la delegación del régimen pidió hacer una consulta con la pareja presidencial. Una hora después, cuando regresaron a la mesa, presentaron una contrapropuesta muy distinta a lo que habían negociado.

José Pallais, de la Alianza Cívica, lamentó que “el consenso logrado (el Gobierno) lo rompió a última hora”, al pretender que la liberación de los presos sea un acto unilateral del Gobierno y no un acuerdo de la negociación entre las partes.

¿Una amnistía?

Horas antes de la reunión, en una entrevista publicada en Informe Pastrán, el magistrado Francisco Rosales, miembro de la delegación gubernamental, adelantó que el orteguismo pretende decretar una amnistía para liberar a los presos, en una acto que dejaría en la impunidad los crímenes de la dictadura contra más de 300 ciudadanos.

El canciller Denis Moncada, seguido por el magistrado de la CSJ, Francisco Rosales, y del CSE, Lumberto Campbell. Foto. EFE

Preguntado por Informe Pastrán sobre la situación de los presos que fueron condenados, el Magistrado Rosales explicó que “solo podría hacerse con una ley de amnistía mediante un acuerdo político”. Según Rosales, en el protocolo firmado se dice que se hará de acuerdo con la Constitución y las leyes vigentes y que en la mesa de negociación se discutirá un acuerdo y “eso puede ser a través de una amnistía o un indulto, porque el proceso judicial debe ser cerrado de acuerdo a la ley”.

Una fuente vinculada a la negociación reveló que la otra demanda que Ortega quiso imponer, es que la Mesa de Negociación, con el aval de la Alianza Cívica, solicite la suspensión de cualquier sanción internacional en contra del régimen.

Gobierno se retracta

El negociador Mario Arana dijo que, si bien la Alianza Cívica accedió a sentarse a la Mesa de Negociación “hay que entender, que desde el tres de abril estamos en una suspensión de las negociaciones, porque no hemos logrado acuerdos en los temas de Justicia y Democracia”.

Comentó que en ese contexto, la Alianza pidió a los testigos “que nos apoyaran en buscar un acercamiento” para continuar avanzando, y que la discusión se centró en la implementación y la necesidad de que el Gobierno demostrara su interés en cumplir los acuerdos ya firmados.

“El Gobierno llegó a preacuerdos con los testigos y acompañantes, a los que la Alianza Cívica iba a presentar sus aportes, con la expectativa de que al final del día podría haber entendimientos, y que esos entendimientos serían presentados ante la población, con la esperanza de que eso elevara la confianza de la gente, en que hay esfuerzos sinceros de lograr acuerdos”, relató.

El negociador dijo que el resultado de un día de conversaciones fue que “se avanzó en un preacuerdo de implementación de los acuerdos ya logrados”, en referencia a la liberación de los presos políticos, y al respeto de las garantías ciudadanas.

La contrapropuesta

El estudiante universitario Max Jerez, miembro de la delegación de la Alianza Cívica, precisó que la propuesta del gobierno que llevó a la ruptura del consenso plantea -entre otras cosas- que la liberación de presos políticos sería un acto unilateral y no producto de la negociación.

“Nosotros queríamos que se cumpliera el acuerdo con la Cruz Roja, el acuerdo que también dice que las partes de la mesa van a enviar las listas para  proceder a su excarcelación. La contrapropuesta fue que el gobierno iba a tener –a través de sus instituciones- la decisión de liberar a quienes ellos consideraran, entonces eso hizo que nosotros no estuviéramos de acuerdo”, precisó Jerez.

Familiares de presos presionan

Del plazo de 90 días que el régimen de Daniel Ortega pidió, el pasado 20 de marzo, para excarcelar a todos los presos políticos solo quedan 48. Y a pesar que el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), encargado de supervisar el proceso, ha conciliado una lista de 232 reos de conciencia, los miembros del Comité Pro Liberación de los Presos Políticos temen que las personas que aparecen en ese listado serán los últimos en salir de prisión.

Daniel Esquivel, esposo de la presa política Irlanda Jerez, explicó que los miembros del comité presionaron a los negociadores para que definieran cuándo y bajo qué condiciones serán liberados los reos de conciencia, ya que hasta el momento las excarcelaciones se han hecho de forma discrecional.

“Hay 236 (reos de conciencia) que ya fueron excarcelados, de esos 18 fueron liberados totalmente, nada más. La lista conciliada (por el CICR) son 232 presos políticos que, esos técnicamente no deberían tener problemas en salir, siguen encerrados. ¿Cuándo van a salir? No tenemos idea, porque entre los 232 que están conciliados se puede decir que los líderes están ahí”, manifestó Esquivel.

A criterio de Esquivel “el régimen tiene miedo a que los líderes salgan porque les parece que les van a levantar (a la gente en) las calles otra vez… Se supone que la lista de la CIDH es la que tiene que reinar en esto y que no tendría que haber ningún problema en que salieran los 232, pero sabemos en esos 232 hay personas muy influyentes”, dijo.

Un vía crucis para las familias

Brenda Gutiérrez, del Comité Pro Liberación de los Presos Políticos, enfatizó que el plazo establecido para la liberación de los reos de conciencia ha sido “un vía crucis” para ellos y sus familias ya que se mantienen en zozobra de lo que pueda pasar.

“Cuando se dio la noticia para nosotros fue una victoria porque el gobierno por fin reconoció que tenía presos políticos y firmó un acuerdo para liberarlos, era un triunfo. Pero los 90 días para nosotros han sido un viacrucis, cada día vamos luchando por uno menos, uno menos, estamos a la espera de que no se cumplan los 90” días del plazo máximo, subrayó Gutiérrez.